Crisis sanitaria, fiscal y productiva, los mayores retos a enfrentar en materia económica a partir del 24 de mayo | Economía | Noticias

En el tema fiscal, el Gobierno deberá buscar un acuerdo con el FMI, cubrir una necesidad de financiamiento de $ 8.700 millones y optimizar gasto.

Tres grandes crisis que afectan la economía del país: la sanitaria, la fiscal y la productiva deberá enfrentar el gobierno de Guillermo Lasso desde el 24 de mayo, cuando asuma los destinos del país. Dentro de ellas hay temas urgentes e importantes sobre los cuales deberá tomar decisiones tratando de “poner orden a la economía, con sentido social”, como lo señaló el propio presidente electo al anunciar a Simón Cueva como su ministro de Economía y Finanzas.

Según Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el problema sanitario, si bien es un problema de salud, es esencial para la economía. “Sin vacunación masiva, que es un tema médico, no va a haber reactivación económica ni recuperación del empleo. El punto de partida es un plan exitoso de vacunación”, dice. Sobre el tema, la promesa de campaña de Lasso es vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de Gobierno. Se trata de una meta ambiciosa, atada a varias condiciones, entre ellas la propia existencia de las vacunas. La situación actual de pandemia también obliga al Gobierno a trabajar de manera urgente en fortalecer el programa de transferencias de efectivo a los más vulnerables. Son ayudas emergentes que deben asociarse a capacitación en emprendimiento, dice Acosta.

En segunda instancia está el tema fiscal. Para Acosta, el Ecuador sigue siendo un país demasiado dependiente del endeudamiento. Semanas atrás el ministro de Economía, Mauricio Pozo, admitió que el Gobierno requerirá $ 8.700 millones para cubrir las necesidades de financiamiento (déficit presupuestario y pago de obligaciones). Así el propio ministro ya sugería una serie de vías para cubrir ese enorme hueco.

Pozo también ha dicho que el país quedará con un monto de atrasos de $ 1.500 millones aproximadamente.

Según Acosta, el Gobierno actual ya no tiene más espacio para seguir endeudándose y por ello, considera que el nuevo ministro de Finanzas, Simón Cueva, tendrá el difícil reto de priorizar el gasto. La falta de liquidez podría hacer que al final del día no se pueda ejecutar todo el presupuesto y se baje el gasto, por falta de ejecución presupuestaria. Al momento, dice, no es necesario gastar más, pero sí bien. Para ello sugiere que se haga una auditoría del sector público.

En el tema fiscal también uno de los temas pendientes a los que el Gobierno debe atender es el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “que requiere perseverancia y persistencia”, dice el ministro Pozo. Al momento, este acuerdo está en la revisión final de las metas a abril, y está pendiente un desembolso por $ 400 millones, en el caso de que se continuara con el actual acuerdo financiero. Pero si el nuevo Gobierno lo quisiera renegociar, entonces podrían cambiar las condiciones tanto en el tema de compromisos como en el de montos a recibir.

También queda a punto de concretarse, dice Pozo, el acuerdo con la International Development Finance Corporation (DFC de Estados Unidos). Son $ 3.500 millones de posible financiamiento atado a la monetización de activos.

El gobierno de Moreno deja un cierto avance en los procesos de venta de antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la propia concesión de la administración de la empresa telefónica. También queda pendiente la decisión sobre la concesión de la Refinería de Esmeraldas y del proyecto fotovoltaico Conolophus en Galápagos, que estaban a punto de concretarse. En estos temas, el nuevo Gobierno tiene la palabra.

El tercer eje prioritario es el del sector productivo, que pasa por un tema de competitividad, dice Acosta Burneo. Explica que durante la bonanza el país se encareció mucho, entre otras razones por la emisión de ecuadólares que hizo el gobierno de Correa. Esto impide al sector productivo competir de manera adecuada. Parte de las medidas que debería tomar el nuevo Gobierno para abaratar costos es la reducción de aranceles, así como devolverle la competitividad a través de acuerdos comerciales internacionales.

En el tema productivo, una de las ofertas de campaña de Lasso ha sido incrementar el salario básico a fin de que llegue hasta $ 500, en los cuatro años de Gobierno.

Para Acosta, se trata de una propuesta muy agresiva que representa un desafío complejo. Esto requiere, dice, un trabajo previo en productividad. “Si no hay productividad, la elevación del salario destruye empleos, pero si sí se logra entonces sería viable”, explica.

Al Gobierno le espera también avanzar en los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico y con EE. UU. Otra apuesta del nuevo Gobierno ha sido mejorar la producción petrolera y renegociar contratos existentes, así como implementar modalidades de contratos más atractivos para la inversión privada. La transformación de la empresa estatal petrolera, al estilo de Ecopetrol de Colombia, también es una tarea anunciada por el presidente electo.

Como parte de los temas fiscales y productivos quedan pendientes también las tres reformas estructurales: tributaria, laboral y de seguridad social. Para el ministro Pozo, estos son temas que deberá abordar el nuevo Gobierno y sobre los cuales el régimen de Moreno ha venido trabajando.

El viernes pasado, el ministro saliente le entregó a su sucesor algunas sugerencias de reformas tributaria, arancelaria y laboral, y el diagnóstico sobre la Seguridad Social que hizo el Banco Mundial.

Pozo dice que la reforma tributaria podría servir de insumo para el plan que ya tiene estructurado el presidente electo. Lasso ha anunciado una reforma que bajaría ciertos impuestos y se ha comprometido a no subir el IVA. Estos preceptos son distintos a los que había conversado el gobierno de Moreno con el FMI, que incluía un incremento de tres puntos del IVA.

Acosta Burneo, por su parte, indica que las reformas anunciadas por el gobierno de Moreno tendrían más valor si ya hubieran alcanzado ciertos consensos sociales. Piensa que al nuevo Gobierno recién le tocará iniciar ese proceso de socialización y debate.

Lo cierto es que el diagnóstico del Banco Mundial sobre la Seguridad Social establece que para el 2022 ya habría problemas de pago de pensiones, por ello es imperativo realizar una reforma legal.

Inicio de negociación con telefónicas privadas, tarea para noviembre de 2021

A finales de noviembre de este año, es decir, dos años antes de que venza la concesión del espectro radioeléctrico a las dos empresas telefónicas privadas (Movistar y Claro), el gobierno de Guillermo Lasso deberá iniciar las conversaciones para una posible renovación de los contratos. La fecha de inicio la fija la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Al ser consultada sobre este tema, Telefónica Movistar confirmó que se espera para noviembre el inicio de las conversaciones y explicó que dichas negociaciones se basarán en insumos técnicos como los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el estado de las telecomunicaciones en el Ecuador; de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre las bandas del espectro (estudios reservados del Mintel; sobre la situación tributaria realizada por la GSMA (Global System for Mobile Communications Association) y múltiples informes de otros organismos multilaterales.

Telefónica Movistar explica que, de acuerdo con la GSMA, existen conceptos claves para el desarrollo de la digitalización. Por ejemplo, la simplificación regulatoria, que tiene que ver con la eliminación de la regulación obsoleta que impide la expansión de la conectividad móvil y sus beneficios a la sociedad, para así procurar la digitalización y el desarrollo de redes presentes y futuras.

Según la GSMA, debe existir una coordinación intersectorial que fomente el diálogo entre los miembros del Legislativo, las autoridades regulatorias y los hacedores de políticas sectoriales y los representantes del sector privado. También plantea una optimización tributaria considerando que los impuestos específicos para el sector reducen el acceso a los servicios y a los dispositivos.

Un cuarto punto es buscar que haya una planificación estratégica del espectro a largo plazo, que tenga como centro la inclusión digital y la innovación, y no una vocación recaudatoria.

Telefónica Movistar comentó que existen estudios que señalan que por cada 10% de crecimiento de la banda ancha hay un crecimiento del PIB en el orden del 1,34% (esto es algo más de $ 1.000 millones). (I)

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